La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de “Interés Jurídico” la labor de la Oficina de la Mujer (OM) que conduce la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco. El reconocimiento se realizó el 9 de octubre último, en el Salón Montevideo de la Casa Legislativa.
La Oficina de la Mujer fue creada en el año 2009 por el máximo tribunal con el objetivo de impulsar, en la esfera del Poder Judicial, un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, a fin de alcanzar la equidad de género, tanto para quienes utilizan el sistema de justicia como para quienes trabajan en él.
Para cumplir su misión, la Oficina creó una amplia oferta de talleres de sensibilización y concientización en género para el Poder Judicial de todo el país, con el objetivo de reflexionar sobre la discriminación contra la mujer por motivos de sexo.
La propuesta fue tan exitosa que sus talleres fueron replicados por el resto de los poderes del Estado y adoptados a nivel internacional.
Las principales líneas de trabajo se focalizaron en las siguientes estrategias:
• La elaboración de diagnósticos para identificar conductas, decisiones y procedimientos que perpetúan la desigualdad de género e impiden y obstaculizan el acceso a justicia de las mujeres. Se realizaron estudios de investigación sobre la composición de la Justicia por género, registros nacionales y latinoamericanos de femicidio y trata de personas.
• Diseño y ejecución de talleres de capacitación y sensibilización en género con el objetivo de incorporar la transversalización de esta perspectiva en el Poder Judicial. Se realizaron talleres sobre género, debida diligencia en casos de violencia doméstica y trata de personas. Se ha capacitado a replicadores y replicadoras en todo el país, con el objetivo de llevar la capacitación a los distintos niveles del Poder Judicial. Actualmente, todas las jurisdicciones han creado sus propias Oficina de la Mujer que replican los talleres lanzado por la Corte Suprema.
• Colaboración con los restantes Poderes del Estado para la aplicación de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Asimismo, se trabaja de manera coordinada con los altos tribunales de justicia provinciales y, a nivel internacional, con los máximos tribunales de justicia regionales.
En este sentido, la Oficina integra la Comisión Permanente de Género y Acceso a Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• Creación de una base de jurisprudencia de género con el objetivo de monitorear y analizar la incorporación de los tratados y convenciones internacionales que obligan al Estado argentino a tomar medidas para la protección integral de las mujeres y de los grupos vulnerables.
