Con dos nuevas jornadas realizadas en El Colorado y Las Lomitas, concluyó el ciclo de conferencias sobre el Régimen Penal Juvenil que viene llevando adelante el Poder Judicial de la provincia.
Las actividades estuvieron a cargo de la jueza Silvana Jarzynski, actual integrante de la Cámara Civil y Comercial, quien cuenta con una amplia y reconocida trayectoria como jueza de Menores. Tal como ocurrió días atrás en las ciudades de Formosa y Clorinda, la capacitación se centró en el análisis del nuevo régimen penal juvenil establecido por la Ley 27.801, que comenzó a implementarse en el país el pasado 5 de septiembre.
En El Colorado, la sede fue el Juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y Menores Nº 7, donde magistrados, funcionarios y empleados judiciales participaron de la charla-debate. En Las Lomitas, la actividad tuvo lugar en los Tribunales de esa localidad, cabecera de la Tercera Circunscripción Judicial, y contó además con la presencia de efectivos de la Policía provincial, invitados especialmente para esta instancia de formación conjunta.
Jarzynski abrió su exposición con un recorrido histórico y sistemático por la evolución del derecho penal juvenil en la Argentina. En una primera parte, analizó el Régimen Penal de la Minoridad previsto en la Ley 22.278, sus rasgos estructurales y el impacto que tuvo la reforma introducida por la Ley 22.803. A partir de ese marco, la jueza profundizó en los contenidos de la Ley 27.801, que diseña el nuevo Régimen Penal Juvenil y redefine el tratamiento penal de las personas menores de edad en conflicto con la ley.
Durante la capacitación se abordaron los antecedentes de la norma, su ámbito de aplicación, los principios rectores que la sostienen, el sistema de sanciones previsto y los límites de las penas, así como los desafíos que plantea su reglamentación e implementación efectiva en la práctica judicial cotidiana.
Con las jornadas de El Colorado y Las Lomitas se dio cierre a este ciclo específico de conferencias sobre el Régimen Penal Juvenil, que tuvo como eje la actualización permanente de quienes intervienen en el sistema de justicia y de los organismos vinculados, con el objetivo de garantizar una aplicación adecuada y respetuosa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio provincial.
