El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín renovó el compromiso institucional que tiene la Corte Provincial de seguir trabajando en políticas de género orientadas a la capacitación y a la implementación y mejoramiento de prácticas de labor cotidianas para erradicar la violencia contra la mujer en todos sus tipos.
Al hablar en la apertura de la jornada de capacitación realizada este lunes en la sede de Tribunales por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, señaló que la mejor manera de rendir un homenaje a las hermanas Mirabal -las tres activistas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960- es realizando una profunda reflexión sobre lo que se viene haciendo desde este Poder del Estado en este materia y si lo realizado es suficiente y de manera correcta; y que más se puede emprender para avanzar y mejorar. “Creo que esa es la pregunta que nos tiene que abordar este día para rendir un honroso homenaje a aquellas mártires”, enfatizó el magistrado, quien, en este contexto, celebró la Resolución 698/24 que acaba de sacar el STJ, surgida de un informe elevado por la Oficina de la Mujer, por mandato de la Acordada 3052, indicando que desde el Superior Tribunal se establecieron pautas de coordinación entre la referida Oficina y las distintas dependencias judiciales, “teniendo en cuenta -explicó- que al requerir informe a los juzgados también se le ha investido de amplias facultades con el fin de que desde esa dependencia se pueda efectuar un relevamiento y obtener un diagnóstico en las causas en trámite, un monitoreo de la actividad jurisdiccional e impulso de los procesos. En fin, buscamos que todos los esfuerzos estén dirigidos a impulsar los procesos, mucho de los cuales están retrasados, y para sostener esta tarea hemos mandado una secretaria Relatora y hay organismos creados al efecto”, reveló.
El magistrado se refirió más adelante al rol importante que desempeña cada integrante del Poder Judicial en esta temática, desde el ordenanza que es el primero en recibir a una mujer o a una familia que acude a los Tribunales por algún problema o conflicto, haciendo lo suyo para atender y contener a esa persona que viene en busca de una solución.
“Así que queridos colegas, querido público, prestigiosas y distinguidas damas, caballeros, hoy es un momento para reflexionar respecto a que más podemos hacer para erradicar la violencia contra la mujer y, sobre todo, para considerar a este sector de la sociedad tan vulnerable, como son las comunidades originarias”, remarcó Alucín, quien agradeció la presencia y colaboración de la doctora Martha Altabe, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral de Corrientes y el licenciado en Antropología Estanislao Javier Llovio, quienes expusieron en la jornada de reflexión y capacitación organizada por la Oficina de la Mujer, referida a la violencia ejercida contra las mujeres indígenas y el acceso de las mismas a la jurisdicción.
“Este es un tema que al Superior Tribunal de Justicia nos preocupa y nos ocupa, y por eso estamos aquí en este espacio de capacitación”, aseveró el titular del STJ, quien volvió a recordar la importancia capital que tiene la Resolución 698 que dispone la elaboración de un programa de capacitación anual orientado a lograr mayor sensibilización de las cuestiones de género y un monitoreo efectivo en la tramitación de causas judiciales, con especial aplicación de la guía conceptual y metodológica para incorporar las perspectivas de género en la Justicia, conforme a lo aprobado en el Acuerdo 3222, instruyéndose a la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas Penales -a través de la Procuración General- a tomar vista de las actuaciones en trámite en los Juzgados de Instrucción y Cámaras Criminales para efectuar el constante seguimiento de los casos donde se investiguen denuncias que involucren situaciones de violencia intrafamiliar y de género, dotándola de amplias potestades para solicitar las medidas que en cada caso corresponda, debiendo la Oficina de la Mujer remitir informes semestrales al Superior Tribunal de las actuaciones realizadas.
“Tal intervención deberá ser coordinada con la Unidad de Enlace de la Procuración General”, recordó Alucín, quien volvió a celebrar la sanción de la referida resolución, destacando que para quienes integran el STJ estas decisiones “nos llenan de orgullo y es también otra manera de reflexionar de todo lo que hicimos y lo que podemos seguir haciendo”, concluyó.
Enfoque holístico
La primera exposición estuvo a cargo de la jueza Martha Altabe, quien consideró que a la hora de analizar la problemática referida a la violencia ejercida contra las mujeres indígenas, se debe tener un enfoque holístico, es decir una concepción de cada realidad como un todo, razón por la cual las políticas públicas y las decisiones judiciales no deben perder de vista que son integrantes de pueblos y comunidades que fueron marcadas por los efectos de la colonización que provocan en ellos y en la sociedad cuestiones de estigmatización por racismo social.
“La interseccionalidad en el acceso a la jurisdicción de la que se anuncia tiene que ver con ese sentido holístico”, remarcó la abogada y doctora en Derecho, quien recordó que estas mujeres están marcadas intergeneracionalmente por el estigma de la colonización que ha hecho sufrir a todos los pueblos indígenas discriminaciones raciales e institucionales.
Dijo que también debe tenerse en cuenta la cosmovisión cultural que tienen estos pueblos, toda vez que ellos practican la interculturalidad, al tener que asimilar otra cultura y aprender a hablar nuestra lengua; en virtud de que una de las barreras más importantes para el goce de cualquier derecho y, por supuesto, para el acceso a la jurisdicción es la lengua, el poder expresarse a través del lenguaje.
La magistrada citó a modo de jurisprudencia varios casos de esta materia que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sanciones aplicadas a nuestro país, habló de los pactos que protegen a este grupo poblacional y se refirió a la pobreza estructural que padecen las mujeres originarias, sumado a ello que cuando intentan lograr la autonomía financiera son discriminadas, no solo por el resto de la sociedad sino también dentro de sus propias comunidades.
Señaló la importancia de verlas como verdaderas agentes de cambio porque inciden de manera directa en el futuro de sus propias comunidades, en la cultura y en el patrimonio, ya son las transmisoras que garantiza la preservación y continuidad de los pueblos indígenas, la cultura y las costumbres ancestrales, y agregó: “Todas estas cuestiones hacen que cuando se analice una situación que involucre a una mujer indígena desde las políticas públicas, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o se tengan que resolver cuestiones en el Poder Judicial, se debe tener en cuenta esta visión holística, hay que tener en cuenta esta sumatoria de vulnerabilidades, y por eso se llama interseccionalidad y esta es la denominación que le han dado los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que aparece en los documentos internacionales”, explicó.
Recordó más adelante que nuestro país tiene pautas constitucionales que establecen que todos los pactos, tratados, convenciones y los documentos derivados de esos pactos, tratados y convenciones, llámese resoluciones, protocolos facultativos, etc. tienen jerarquía superior a las leyes del Congreso, por lo tanto están por encima de cualquier normativa nacional, y exhortó abandonar el enfoque de víctimas que se aplica cuando se analiza esta problemática, ya que las mujeres originarias son “sujetos de derecho” y protagonistas activas con su propia vida. También se refirió a la autodeterminación como aspecto fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de implementar políticas públicas, erigido sobre la protección de los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales de las mujeres indígenas.
En otro momento de su alocución, la doctora Altabe enumeró las diferentes formas y manifestaciones de violencia contra la mujer indígena, precisó cuáles son los obstáculos que enfrentan a la hora de pretender acceder a la Justicia y concluyó señalando la necesidad de revisar
las políticas públicas, programas y leyes de una perspectiva de género e intercultural, promover los derechos económicos, sociales y culturales, generar estadísticas y proteger a las defensoras de los derechos de las mujeres, asegurando la aplicación de los principios rectores.
Raza y Género
A su turno, el licenciado Estanislao Javier Llovio desarrolló su exposición sobre la base de una ponencia que denominó “Raza y Género”, que consistió básicamente en aportes teóricos desde la antropología para reflexionar la situación socio-jurídica de la mujer originaria.
El destacado disertante desarrolló una clase magistral de antropología a partir de los conceptos de raza y género, se remontó a la época de la colonización de América y su incidencia en las comunidades originarias, a través de la conquista, apropiación, administración y explotación de los recursos y a su población, y realizó aportes teóricos de mucha valía en torno a la mujer indígena y su perfil socio-jurídico.
En este contexto esbozó una suerte de introducción a la antropología y a la perspectiva antropológica, demostró su carácter específico que la hace ser una disciplina puntual con un objeto de estudio específico; definió sus categorías analíticas medulares y ponderó la potencialidad práctica que tiene la antropología como herramienta de cambio social.
Asimismo, se refirió a los “estigmas de la dominación” que determinaron un modo genérico de acceso a la Justicia y consideró importante iniciar estudios o indagaciones de campo para ver las particularidades que en nuestro territorio se presentan como resignificación de estos planteos.
“Estos estigmas de la dominación van a determinar un modo genérico de acceso a la justicia y son precisamente estigmas que habitan el imaginario nacional e informan la práctica social, los que a su vez son subyacentes al ordenamiento jurídico, toda vez que se ubican a nivel ontológico, es decir, se ubican a nivel de las creencias, no tanto de la reflexión”, explicó Llovio y aseveró: “Raza y género precisamente son categorías que atribuyen a la biología una desigualdad; son estigmas dado que se inscriben involuntariamente en el cuerpo uno no elige, el color de piel el color de ojos o de pelo que porta, lo cual fija una ficticia, forzada e interesada asociación entre caracteres fenotípicos de nuestra apariencia y cualidades morales o culturales, que lógicamente han llegado a sedimentar, naturalizándose en el imaginario social, para dar cuenta precisamente de la asociación antojadiza e interesada atravesada de relaciones de poder”.
Señaló que el lenguaje es normalmente la primera trinchera simbólica en términos de cambio social, aludió a la “fisura seminal”, consideró que la primera gran desigualdad que funda el género humano radica precisamente en las distinciones y la diferenciación de género, y describió tres corrientes de pensamiento feminista: “La primera, es el feminismo eurocéntrico, el cual afirma que el problema de la dominación de género, la dominación patriarcal, es universal, o sea que no hay mayores diferencias entre los distintos pueblos; la segunda posición, está en el otro extremo, y afirma la inexistencia del género en el mundo pre-colonial, pero con la colonialidad y con la noción de raza, se instala la modernidad colonial capitalista, gestándose las diferencias a nivel de género; y la tercera postura está respaldada por una gran acumulación de evidencias históricas y relatos etnográficos, muestran de forma incontestable la existencia de nomenclaturas de género en las sociedades tribales y afroamericanas. Esto en atención a la hipótesis de que es la primera fisura, de que es muy anterior a los tiempos modernos. Esta tercera vertiente identifica en las sociedades indígenas y afroamericanas una organización patriarcal, aunque diferente a la del género occidental y que podría ser descripta como un patriarcado de baja intensidad”, explicó.
Dijo también que este abanico de disidencias de género ya son conocidos hace muchísimos años por otras sociedades, y concluyó señalando que los obstáculos o las cadenas simbólicas y esperando consecuencias lógicamente materiales de tal ruptura “es que trabajamos desde esta disciplina. Y hablando del capitalismo, vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible también lo parecía el derecho divino de los reyes”.
Espacio de reflexión
El acto realizado en el salón principal de la Escuela Judicial contó con una numerosa concurrencia, destacándose la presencia del ministro Ariel Gustavo Coll, juezas y jueces, funcionarias y funcionarios judiciales, facilitadoras y facilitadores judiciales, empleados del sector, la subsecretaria de Justicia, Maria Higinia Sena, la concejal María del Carmen Argañaraz, invitados especiales y público en general.
La directora de la Oficina de la Mujer, María Silvia Zaragoza, agradeció a los disertantes por su colaboración y predisposición con la iniciativa y, muy especialmente, al Superior Tribunal de Justicia por el permanente acompañamiento y respaldo a este tipo de emprendimientos, ya que sin ese apoyo “sería imposible realizarlo”, valoró.
Al finalizar la capacitación se entregaron presentes recordatorios y certificados a los expositores. El licenciado Llovio recibió de manos de la doctora Zaragoza, en tanto el presidente del STJ, Guillermo Horacio Alucín hizo lo propio con la jueza Altabe, cerrándose con una foto institucional y la exhibición de documentos elaborados por la OM.
