Los jefes de la Unidad Fiscal del Programa de Oralidad Penal y de la Oficina de Gestión de Audiencias de Formosa, capital, Myriam Román y Plutarco Silvestre Guzmán, dieron a conocer el resumen de actividades, finalizando el año con una satisfactoria productividad laboral, gracias al trabajo coordinado de ambas estructuras componentes del Programa, reafirmando su plena continuidad y vigencia.
Señaló Román que la U.F., integrada por la totalidad de los Fiscales, de Instrucción y de Cámara, sus asistentes y personal administrativo, trabajan siguiendo los lineamientos trazados por el Sr. Procurador General quien gestiona el trabajo coordinando y articulando la labor de quienes forman parte del Ministerio Público, logrando de este modo cumplir uno de los objetivos ya fijados al iniciar cada año laboral: mejorar el acceso de la sociedad y los vulnerables a la justicia, tal como lo establece la Ley 27372, de Derechos y Garantías de las personas victimas de delitos, siempre con la estrecha colaboración de la Policía de la Provincia. La decisión del Superior Tribunal de Justicia de implementar como una herramienta de política criminal el programa de audiencias orales, demostró desde sus inicios hasta la actualidad, numerosas bondades como la pronta y eficaz resolución de los conflictos (encuadrables en su mayoría en las normas procesales vigentes art. 499 a 506 del CPP), que con respecto al sistema tradicional, son casi en su totalidad resueltos en la primer audiencia oral multipropósito, que es gestionada por la OGA con cercanía temporal a la producción del evento motivo de investigación, con intervención directa de las partes y en presencia del Juez, obteniendo resolución inmediata de la cuestión traída a proceso, lo que se traduce en la posibilidad de brindar una mayor calidad de servicio; en el caso de la UFP al ejecutar una de las principales tareas: la entrevista a la parte damnificada, logrando empatía con quienes han sufrido las consecuencias de un injusto penal y pretenden no sólo una solución a su problema sino también valoran el ser escuchados con atención y calidez, lo que es posible en atención al excelente grupo humano que integra la UFP, con desempeño proactivo y comprometido, que dignifican el trabajo en equipo.
En cuanto a su labor, destacó que en el año en curso se seleccionaron e ingresaron al Programa, 300 partes preventivos policiales, tanto de la ciudad capital como de otras localidades de la Primera Circunscripción Judicial; se presentaron 86 requerimientos de elevación a juicio y se asistió aproximadamente a 297 damnificados, en forma presencial o a vía telefónica.
Por su parte, Guzmán informó que mediante las audiencias programadas por la O.G.A., conforme los partes preventivos policiales seleccionados e ingresados al Programa por la Unidad Fiscal, se realizaron un total de 699 audiencias, con intervención de los jueces de audiencias de instrucción y los de las Cámaras en lo Criminal, dictándose más de mil resoluciones, entre las que se destacan sentencias condenatorias, absolutorias, sobreseimientos por cumplimiento de suspensión de juicio a prueba y por reparación integral del perjuicio y sobreseimientos por los demás incisos del art. 303 del C.P.P., entre otras varias resoluciones.
Se concretaron con éxito gran número de audiencias, algunas de ellas a través de los sistemas de videoconferencia (ZOOM, JITSI), con imputados domiciliados, y en algunos casos detenidos, en distintos puntos de la provincia e incluso en otras provincias (Corrientes, Resistencia, CABA, etc.), contando siempre con la valiosa colaboración de las O.G.A. de Clorinda y Las Lomitas. Se realizaron audiencias en ésta ciudad, conforme los requerimientos formulados por dichas Oficinas. Asimismo, conforme la nómina remitida por el Juzgado de Ejecución Penal, a través de la O.G.A. se programaron y concretaron 88 audiencias en las que la magistrada dio por cumplidas y/o incumplidas las condiciones impuestas en las suspensiones de juicio a prueba oportunamente otorgadas a los probados.
Los jefes de ambas estructuras destacaron que fue un año trascendente para el Programa de Oralidad Penal, dado que, gracias al permanente apoyo del Sr. Ministro Coordinador, Dr. Ariel Gustavo Coll y de todo el Superior Tribunal de Justicia, como también del Sr. Procurador General, Dr. Sergio Rolando López, a partir del mes de Junio se extendió su ámbito de actuación a toda la geografía provincial, con su implementación en la ciudad de Las Lomitas, Tercera Circunscripción Judicial, sumándose a los ya vigentes en la Primera y Segunda Circunscripción. Gracias al trabajo de la Comisión Permanente de Revisión, integrada por magistrados y funcionarios judiciales, Policía, Patronato de Liberados y Excarcelados, y quienes suscriben, se introdujeron reformas al Protocolo del Programa de Oralidad Penal, incorporándose nuevas soluciones alternativas de conflictos penales, tales como las previstas en el art. 59, inc. 5º y 6º del C.P. (criterio de oportunidad, conciliación, reparación integral del perjuicio), y también la falta de mérito (art. 285 del C.P.P.).
La prolífica tarea realizada es fruto ha sido posible gracias al alto grado de compromiso por parte de los jueces de instrucción que diariamente concurren a las audiencias programadas; jueces de las Excmas. Cámaras en lo Criminal, atendiendo las apelaciones y juicios criminales, funcionarios del Ministerio Público, de Cámara y de primera instancia, y la dedicación y contracción de los asistentes y demás integrantes de la Unidad Fiscal en la selección de los partes preventivos y desempeño en las audiencias, y de quienes componen la Oficina de Gestión de Audiencias para la programación, citación de las partes, correcta gestión y concreción de las audiencias y excelente e inmediata atención a quienes concurren a la Oficina. También se destaca el profesionalismo e inmediata respuesta brindada por las distintas dependencias policiales, como auxiliares directos e indispensables, a los requerimientos efectuados. Todo lo cual, en su conjunto, permite un gran trabajo coordinado, posibilitando los exitosos resultados obtenidos, cumpliéndose con los objetivos fundamentales del Programa de Oralidad: el acceso de la comunidad, principal destinatario, a un Servicio de Justicia eficiente, ágil, transparente, efectivo y moderno.
