La jueza Silvia Edith Benítez participó los días 21 y 22 de este mes del “XVIII Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal”, realizado en la ciudad de Corrientes.
El evento fue organizado por la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, cuya presidencia la ejerce la doctora Maria Jimena Monsalve.
El encuentro se desarrolló en sede la Universidad Nacional del Nordeste, contando en el acto inaugural con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vazquez, los ministros Alejandro Chain y Guillermo Horacio Semhan, el decano de la Universidad, Mario Villegas y el fiscal Federal del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, entre otros.
Las conferencias realizadas abordaron temas de sumo interés en el ámbito de la Ejecución de la Pena.
Así, el doctor Chain expuso sobre el rol de la víctima en la etapa de ejecución penal; Patricia Moles, coordinadora del Equipo Profesional Interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y Fernando Avila, Criminólogo y Sociólogo, disertaron sobre la evaluación de riesgo en los informes criminológicos; mientras que la doctora Monica Cali, presidenta del Tribunal de Vigilancia de Brescia, Italia, habló sobre “las estrategias para detenidos de alto perfil por su pertenencia a organizaciones criminales organizados y los desafíos actuales sobre regímenes diferenciados”.
La doctora Benítez, jueza de Ejecución Penal de Formosa, interpeló a la doctor Cali respecto a la calificación de personas que son catalogadas como de alto perfil o de alta peligrosidad, preguntando puntualmente quien determina dicha categorización, las medidas que se imponen y su duración.
Talleres prácticos
Asímismo se desarrollaron talleres prácticos donde jueces de las diferentes provincias de la Argentina debatieron distintos tópicos como ser: novedades en los programas de tratamiento en penas cortas y largas, grupos especialmente vulnerables, pronósticos criminológicos, justicia restaurativa, buenas prácticas posibles, derechos de las víctimas, programas e intervenciones con perspectiva de género, la Interdisciplina en ejecución penal, prácticas de litigación en Ejecución Penal y análisis de casos. Participaron además en este evento defensores, fiscales, personal penintenciario y representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
En el marco de estos talleres prácticos, la jueza Benítez se refirió a la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, a través de la cual ella ha sido formalmente autorizada a desarrollar audiencias orales en el marco de la ejecución de la pena en la sala de audiencias de Tribunales, pudiendo coordinar con el jefe de la OGA Penal la habilitación de la sala de audiencia, avanzando en el trámite judicial, facilitando la intercomunicación de las partes y dando transpariencia al proceso judicial.
Por otra parte, la magistrada formoseña señaló que en orden a los nuevos paradigmas el Juzgado a su cargo lleva adelante un trabajo constante para garantizar los derechos de los penados como también de las víctimas y, en tal sentido, se cita a la parte damnificada y/o familiares para que comparezca ante el Juzgado de Ejecución cuando existe un pedido concreto del condenado de un beneficio de egreso anticipado a fin de hacerle saber dicho trámite y para que exprese todo cuanto estime conveniente (conforme a lo que establece la Ley N° 27372).
Lenguaje claro
Asimismo, explicó que en todo momento se implementa un lenguaje claro en las resoluciones judiciales para lograr una clara comprensión del alcance del texto jurídico, apostando siempre por ser una jueza pro-activa en miras de lograr la mejoría en el tratamiento penitenciario para que los privados de libertad se reinserten adecuadamente al medio libre y no reincidan en conductas antijurídicas.
Por otro lado, el doctor Sergio Cañete, juez de Instrucción y Correccional N° 2 de Formosa, describió las medidas que utiliza para un adecuado abordaje de los derechos de las víctimas en un proceso penal, especialmente en los casos de violencia de género, a fin de salvaguardar sus intereses y no vulnerar sus derechos, explicando que una vez informado de un hecho concreto por parte de la Policía, direcciona el procedimiento indicando al personal policial que debe darse intervención inmediata a la Oficina de Violencia de Género de la Policía de la Provincia, a la Secretaría de la Mujer y, en caso de haber menores afectados, se requiere la intervención a la Oficina de Niñez, Adolescencia y Familia; y en cuanto al agresor el juez dispone se apliquen las medidas restrictivas, tales como prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima por cualquier medio por el lapso de 90 días. Y ante la eventualidad de que la víctima y el agresor convivan en la misma vivienda, el juez ordena la exclusión de hogar de éste último a fines de evitar que continúe o se agrave la situación de violencia sufrida por la parte damnificada. Una vez iniciado el proceso judicial, el juez dispone la intervención de la Unidad de Asistencia a la Víctima y Testigos de Delitos del Poder Judicial y del Ministerio de Desarrollo Humano, a fin de que intervenga su equipo interdisciplinario para asistir a la víctima.
“En conclusión, la experiencia ha sido muy interesante y enriquecedora porque jueces de todas las provincias expusieron sus puntos de vista y los distintos tratamientos que se implementan para lograr el objetivo principal de la ejecución de la pena cual es precisamente una exitosa reinserción social”, y para ello es necesario brindar un adecuado abordaje a cada condenado/a con las particularidades que presenta, teniendo en cuenta su historia criminológica, su personalidad, vivencias en el seno familiar, experiencia, etc.) a fin de que adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, conforme a los lineamientos de la Ley N° 24.660”, destacó la jueza Benítez.
