El Juzgado de Ejecución Penal de la provincia cumple en la fecha 18 años de labor ininterrumpida.
Fue creado por la Ley Provincial 1387 en el año 2002, pero recién comenzó a funcionar tres años después, por Acordada 2421.
La titular del Juzgado, Silvia Edith Benítez explicó que la dependencia tiene competencia funcional en las tres Circunscripciones judiciales de la provincia de Formosa y controla la ejecución de la pena en todas sus modalidades, ya sea las condenas de ejecución condicional como las de prisión efectiva. “También las reglas de conducta a los imputados en el marco de una suspensión de juicio a prueba y las medidas de seguridad que imponen los juzgados sentenciantes”, agregó.
El Juzgado de Ejecución Penal tiene sus oficinas en el edificio emplazado en avenida Gobernador Gutnisky 3806 de la ciudad de Formosa y cuenta actualmente con cuatro oficiales de prueba en la Primera Circunscripción Judicial, uno en Clorinda y otro en Las Lomitas. “Son quienes se encargan de hacer los controles y las visitas domiciliarias de los penados y los probados”, acotó la magistrada.
En cuanto a sus recursos humanos, el Juzgado dispone además de una Secretaría, a cargo de Liliana Ayala, un jefe de Despacho, Alfredo Troche y un jefe de Mesa de Entrada, Oscar Crocci, además del resto del personal que trabaja en dicha dependencia.
Competencia del Juzgado
La competencia del Juzgado está establecida en el artículo 26 bis del Código de Procedimiento Penal de la provincia, cuya norma faculta al juez o jueza a aplicar el Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad vigente en la rovincia de Formosa, controlar que se respeten las garantías constitucionales, los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución y los que fueren ratificados por la República Argentina en materia de Ejecución Penal, y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley.
También deberá controlar el efectivo cumplimiento de la sentencia en todas sus modalidades y las medidas de seguridad dictadas por los Tribunales Provinciales; resolver los incidentes, que se susciten durante el cumplimiento de la condena y autorizar todo egreso del condenado del establecimiento donde está alojado.
La legislación también faculta al juez o jueza a controlar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a los condenados condicionales y a los imputados en los casos de la suspensión del juicio a prueba, según lo dispuesto por los artículos 27 bis y 76 ter del Código Penal, como así también verificar la adecuada reinserción social del condenado y entender en grado de apelación en las resoluciones sobre medidas disciplinarias aplicadas por el director del Establecimiento donde se cumple la condena.
