La Junta federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.) fue el primer organismo judicial del país en expresarse sobre el viaje que jueces y fiscales realizaron a Lago Escondido junto a empresarios de medios, hombres vinculados a la inteligencia y el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante los hechos de público conocimiento, expresa su reafirmación de los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad debe tener en sus jueces”, comienza el comunicado firmado por María del Carmen Battaini y Ariel Gustavo Coll, presidente y secretario de la JuFeJus, respectivamente.
Y sentencia: “Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”.
“Finalmente destacamos el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad”, completa el texto.
El comunicado de Ju.Fe.Jus. también cita a la CIDH sobre la ética que deben mantener los jueces: “Uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación”.
