El Superior Tribunal de Justicia consideró necesario que los aspirantes que concursen para ocupar un cargo en la Justicia Provincial cuenten previamente con alguna capacitación o formación en perspectiva de género, o bien hayan realizado el curso de la Ley Micaela que es obligatorio para los tres poderes del Estado.
El planteo fue formulado por la directora de la Oficina de la Mujer, María Silvia Zaragoza, razón por la cual y luego de analizar y compartir los objetivos de dicha solicitud, el STJ envió al Consejo de la Magistratura de la Provincia una copia de la propuesta para que los consejeros evalúen la viabilidad de la presentación.
Puntualmente, la funcionaria judicial pidió que el Consejo de la Magistratura incorpore el requisito de acreditar la capacitación o formación en perspectiva de género y/o haber realizado el curso de la Ley Micaela para quienes pretendan concursar a un cargo dentro de la Justicia, condición necesaria para cumplir con el mandato constitucional transformador de la inclusión del enfoque de género en la labor judicial cotidiana.
El sustento jurídico de lo solicitado está respaldado por argumentos legislativos de los cuales nuestro país forma parte: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley Nacional 26.485 y Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria de Género.
Tras compartir los objetivos de la propuesta formulada, el STJ remitió copias de la presentación al Consejo de la Magistratura de la Provincia para su evaluación y tratamiento.
La decisión fue tomada a través de la Resolución 124/22 que tiene las firmas de los ministros Ricardo Alberto Cabrera (presidente) Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Guillermo Horacio Alucín y Marcos Bruno Quinteros.
