El Superior Tribunal de Justicia de Formosa designó a la secretaria de Trámites Originarios, María Celeste Córdoba como responsable de los trámites y diligencias previstos para la implementación del convenio marco de colaboración entre la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de la República Argentina (JUFEJUS) y la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la República del Paraguay.
La designación fue realizada por el STJ a través de la Resolución 179/22 de fecha 20 de Abril del corriente año, luego de que el ministro Ariel Gustavo Coll elevara la nota remitida por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JuFeJus), por la cual solicitan información vinculada al Convenio Marco de Colaboración entre JuFeJus y la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.
En los puntos 1º y 2º de la información solicitada se encuentran en etapa de cumplimiento y que respecto a la designación de una persona responsable, proponiendo el doctor Coll la designación de la Dra. María Celeste Córdoba, atento a ser la nombrada la que hasta la fecha ha venido realizando las medidas necesarias para llevar adelante la firma del Convenio citado.
La propuesta fue aprobada firmando la resolución los ministros Ricardo Alberto Cabrera (presidente) Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll , Guillermo Horacio Alucín yMarcos Bruno Quinteros -Ministros-
Comunicación directa
Por otra parte, se informó que fue creado el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en mérito al “Convenio Marco de Colaboración entre la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la República del Paraguay y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, para que sea la vía de comunicación y transmisión directa entre jueces y funcionarios judiciales de ciudades fronterizas.
De este modo, los Tribunales de las zonas fronterizas están facultados a gestionar recíprocamente pedido de asistencia, consistentes en actos de mero trámite, tales como notificaciones, intimaciones, emplazamientos y todo lo atinente a rendición de pruebas, conciliación y mediación, observando el Protocolo Técnico aprobado a estos fines.
Asimismo, en lo que respecta a solicitudes de asistencia vinculadas a medidas cautelares y cumplimiento de sentencias extranjeras, las mismas se cursarán de conformidad a las disposiciones de los convenios internacionales que así lo establezcan.
El convenio
El ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Guillermo Horacio Alucín, representando a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS), firmó el pasado martes 22 de marzo del corriente año, un importante convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, que permitirá optimizar y agilizar los servicios judiciales de ambos países.
El encuentro tuvo lugar en la sede del máximo tribunal de Paraguay, en la ciudad de Asunción, y estuvo presidido por el titular de la Corte, Antonio Fretes, los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel y el doctor Alucín, designado por la JUFEJUS para suscribir el acuerdo interinstitucional.
Este convenio tiene la finalidad de establecer y definir un marco general de cooperación recíproco, en particular en asuntos que sean de interés común dentro de sus esferas de competencia y programas de actividades.
En tal sentido, se fijó un plan de trabajo para ejecutar programas, proyectos y actividades que estimen convenientes, los cuales podrán consistir, entre otras iniciativas, en la realización de estancias de estudios de un país en el otro, y la celebración de seminarios y reuniones entre responsables de la modernización de la administración de Justicia de ambas instituciones, tanto en su módulo presencial como virtual.
También está prevista la realización de actividades conjuntas que impliquen investigaciones, publicaciones y estudios que puedan contribuir a mejorar la eficacia y calidad en la organización y funcionamiento del sistema judicial.
Para cuestiones relativas a modernización y tecnología de los poderes judiciales, fue designado como encargado responsable, representando a la JUFEJUS, el ministro del STJ de Formosa, Ariel Gustavo Coll.
El convenio tiene un anexo de seis cláusulas donde se establece como será el plan de trabajo a desarrollar inicialmente.
A través de las mismas, las partes se comprometieron a favorecer el intercambio de comunicación entre jueces y funcionarios judiciales de ciudades fronterizas, como así también a mantener reuniones para analizar temas de interés recíproco, siempre y cuando no sean asuntos que por su naturaleza queden reservados a sus respectivas cancillerías.
Del mismo modo, a partir ahora los tribunales de las zonas fronterizas están facultados a gestionar recíprocamente pedidos de asistencia, consistentes en actos de mero trámite, tales como notificaciones, intimaciones, emplazamientos y todo lo atinente a rendición de pruebas, conciliación y mediación.
En lo que respecta a solicitudes de asistencia vinculadas a medidas cautelares y cumplimiento de sentencias extranjeras, las mismas se cursarán de conformidad a las disposiciones de los convenios internacionales que así lo establezcan.
Al referirse a la importancia y alcances de este acuerdo, el ministro Alucín dijo que esto llevará a un de experiencia en lo que respecta a la capacitación de recursos humanos con lo que cuentan los poderes judiciales de ambos países, y a la vez sienta las bases para lo que va a ser la comunicación electrónica, ya sea de oficios, cédulas, exhortos, que antes se realizaba a través de la Cancillería y que insumía una cantidad de tiempo considerable, razón por la cual ahora vamos a lograr es que esos tiempos se acorten".
Agregó que "se va a garantizar el acceso a la Justicia a todas esas personas que por algún motivo de escasos recursos no pueden y también facilitar gestiones de paraguayos residentes en nuestro país ya que actualmente la Argentina cuenta con una población paraguaya de más de 2 millones de personas, de acuerdo al censo realizado en 2021”, explicó.
Resolución Nº 179_22 (Sup.) del Alto Cuerpo
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